La voluntad de votar de
los catalanes acerca de su independencia ha quedado manifiesta con
rotundidad en las urnas. En democracia, depositar un voto debería de ser
la norma en cuestiones de especial relevancia ciudadana, pero los
principales partidos (PP y PSOE) tienen una opinión diferente de lo que
es un sistema verdaderamente participativo y democrático.
Ahora bien, los referendos tendrían que ser lo habitual en asuntos de gran calado político,
no solo cuando hablamos de autodeterminación y derecho a decidir.
Decisiones graves que afectan a la sanidad, la educación, el trabajo, la
guerra, la hacienda pública y otras de similar interés o importancia
también deberían pasar por el tamiz del sufragio colectivo. No basta con
las elecciones generales porque se ha demostrado hasta la saciedad que
los programas políticos de los partidos son papel mojado, simples
eslóganes publicitarios para atraer el voto durante las campañas
electorales.
Del 9N salen como grandes triunfadores
el pueblo catalán y Mas, presidente de la comunidad autónoma y máximo
jerarca de la coalición de derechas CiU. Más dudoso resulta que la izquierda vaya a recoger algún dividendo futuro del proceso independentista.
CiU ha capitalizado,
tanto con Pujol como con Mas, todos los enfrentamientos con Madrid,
salvo en puntuales ocasiones. Es su forma de hacer política, mantener la
tensión, arengar a las masas contra el adversario externo, diluir el
conflicto social mientras tanto y convocar comicios en función de sus
necesidades particulares.
Lo que no se dice de modo abierto o se esconde de manera táctica es que CiU y el PP postulan políticas de corte similar,
tanto en su doctrina ideológica como en su implementación práctica. Una
vez amortizado el 9N, el día después hay que aterrizar en la cruda
realidad cotidiana. Y la realidad es como sigue.
Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes y 800.000 parados. Desde 2008 la pobreza ha crecido en un 50 por ciento.
En la actualidad hay más de 400.000 pobres y 1,3 millones de
trabajadores que ingresan al año menos de 9.000 euros. El Banco de
Alimentos catalán atiende a 250.000 personas y 200.000 familias no
registran ningún ingreso por parte de sus miembros.
Ahora dos datos de suma importancia. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias (desahucios) de España y la que menos invierte en salud por habitante.
Más datos de la realidad catalana. El presupuesto de 2014 de la Generalitat sufrió 3.500 millones de euros de recortes totales con respecto al ejercicio anterior, casi un 6 por ciento en sanidad y un 10 por ciento en educación.
Desde que CiU accedió al poder en 2010 hay 3.000 profesores menos en plantilla en las escuelas, 1.300 menos en las universidades y las tasas universitarias han subido casi un 70 por ciento.
En la sanidad pública, los médicos han perdido desde 2010 un 30 por ciento de poder adquisitivomientras que las mutuas privadas cuentan con un 2 y medio por ciento más de clientes asegurados.
La deuda de Cataluña era en 2006 de 14.800 millones de euros. Ahora es de más de 50.000 millones.
Este año la Generalitat paga en intereses por este concepto 2.200
millones de euros, un 14 por ciento superior a la cantidad de 2013.
Todas las informaciones recabadas son públicas, de Gestha (sindicato progresistas de técnicos de Hacienda) y de estadísticas oficiales de organismos estatales y catalanes.
Como vemos, las políticas de PP y CiU son calcadas y complementarias.
¿Ha puesto demasiadas energías la izquierda transformadora y crítica en
el proceso independentista marginando los aspectos sociales más
urgentes? ¿Era el momento idóneo para plantear una consulta o
referéndum? ¿Quiénes salen fortalecidos del 9N? ¿Qué significado
profundo o estético tiene el abrazo entre la derecha, Mas y CiU, y la
izquierda presuntamente rebelde de Fernández y CUP?
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