lunes, 7 de enero de 2013

a cualquiera que se le diga

Fundación, denominada España Constitucional. Institución promovida por "exministros de España". Esto es lo que quieren hacer estos tres personajes de la política: Bono, Zaplana y Acebes, entre otros del PPSOE.
que estos tres individuos van a crear una fundación en defensa de la Constitución, es para coger la maleta y no parar de dar vueltas al mundo, a pie.
 Cito:
En marzo de 2010, la Gaceta, publicó una serie de artículos sobre el patrimonio de José Bono y su familia, acusándole de haber obtenido parte de él por medios ilícitos. A esta publicación siguió una polémica alentada por el PP. En abril de dicho año, el PP envió un escrito a la Fiscalía General del Estado aportando pruebas, para que decidiera si era necesaria una investigación. El 2 de junio, el Partido Popular presentó una denuncia acusando a José Bono de "delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública".Tras recibir las alegaciones de Bono —entre ellas, las declaraciones de bienes de él y su esposa—, la fiscalía archivó la denuncia.
 
El juez Manglano escucha unas cintas donde Zaplana dice lo siguiente:

“Me tengo que hacer rico… Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir…”. Y en otra de las cintas, recoge un diálogo entre él y otro miembro del PP, Salvador Palop, en el que están tratando sobre la recalificación de un solar, añade: “Y entonces le dices… bueno, yo una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres. Lo que te dé, y me das a mí la mitad bajo mano”.
El señor Zaplana terminó, como lo ha hecho Rodrigo Rato, de asesor de telefónica, cobrando por ello la nada despreciable cantidad de 1.000.000 de euros al año.

 Ángel Acebes, imputado en el caso por las preferentes de Bankia. Ángel Acebes dimitió de su cargo como consejero y presidente de la comisión de auditoria y presidente de la comisión de auditoría de la matriz de Bankia, BFA, el 24 de abril de 2012, al ser nombrado consejero de la compañía eléctrica Iberdrola. Más de 2.5 millones de euros al año.

Entre los señalados por el juez Andreu se encuentran políticos de PP, PSOE e IU, sindicalistas, empresarios y banqueros

¡Es normal que el lobo se haga el vigilante de las gallinas!

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