¿Se compran los títulos universitarios?

  Estoy seguro de que sí.

Los niños pijos de papás millonarios no van a estudiar sabiendo que su papaíto conoce a alguien dentro de la Uni... Y si no son papitos, con pasta, son los políticos que sobornan a los Uni... Yo espero, por el bien de la Universidad, que salgan todos los implicados en el caso de la presi de Madrid y les metan a todos en la trena. Ahora tenemos modelos suficientes de conflictos políticos como para contribuir a la limpieza de los miembros de partidos que se salgan de las normas constitucionales. Una manera de que España se vea libre de tanto memo metido a chupóptero.

Mucho me temo que el PP esté imponiendo la Constitución a todo el vecindario y en su casa no ponga orden. "Consejo vendo que para mí no tengo".

Creo que para Mariano sería muy positivo que pusiera a Cifuentes de patitas en la calle y que se apañe con la justicia. Es muy lamentable que una política que va de puntillosa en los medios (sobre todo en exradio), se vea implicada en semejante follón universitario.

Ahora me pregunto, ¿cuántos de los miembros políticos del Hemiciclo tienen estudios universitarios?

Sería serio y conveniente poner patas arriba a todos sus señorías y que lo demuestren. Aquellos que no reunan las condiciones o niguen o se burlen de la mayor a la puta calle. Y al que prevarique a la trena. Me gustaría ver a la presi dentro de la cárcel con la asesina de Gabriel. Estoy seguro que iría al trullo de cinco estrellas que se han montado para ellos. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá ahora Fede de su estimada amiga? Creo que se ha cogido unas semanas de vacaciones para no tener que hablar de ella por los medios radiofónicos.

En este caso destacaría el delito de cochecho pasivo, contemplado en el artículo 419 del Código Penal, que señala: "a cualquier autoridad que, en provecho propio, recibiesen o solicitase a un tercero particular o mediante una persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptase ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes relativos al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debía practicar".
Cifuentes era Delegada del Gobierno en 2014, por lo que era autoridad y se benefició del título para mejorar su currículum a la hora de conseguir cargos públicos. Sería castigada con penas de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público.