el PP no nos defrauda

el PP nos engaña. Otro nuevo giro de rosca se ha dado a la política de los pobres para beneficio de los ricos. Ahora, quienes tengan que denunciar su situación de despido u otros casos legales, tendrá que pagar las nuevas tasas que el señor Gallardón ha implantado para su política de politico de justicia. ¡Es increíble que nos hayan mentido tanto en tan poco tiempo! Se pretende que se abonen al Estado unas tasas judiciales altísimas como requisito para acceder a los tribunales en todas las jurisdicciones excepto la penal. Las tasas se imponen a cualquier persona, sea física o jurídica y si es física, sólo se exime a quienes tengan ingresos inferiores a 12.780€ anuales y computando no solo los del propio interesado sino los de su unidad sería una justicia de una velocidad, justicia exclusiva para quienes puedan pagar esas tasas y ninguna justicia para el que no pueda. las tasas las sufrirán las clases medias, y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional. FACUA denuncia que la ley de tasas judiciales establece una justicia para ricos y otra para pobres" Con estas tasas van a darse situaciones tan aberrantes como tener que pagar 200 euros para reclamar en los tribunales una multa de 150 euros o para exigir la devolución de una factura telefónica de 80 euros. Otros ejemplos escandalosos implican el pago de 312,50 euros para reclamar daños y perjuicios en los juzgados por la cancelación de un vuelo por cuantía de 2.500 euros, o abonar 715 euros de tasas para exigir 3.000 euros de intereses cobrados de forma abusiva en un crédito o hipoteca. Resulta indignante que los afectados por fraudes masivos como el de las participaciones preferentes vayan a tener ahora una barrera más que superar para poder recuperar su dinero.Así, ir a juicio para pedir la devolución de 20.000 euros en una primera instancia requerirá del pago previo de 400 euros. De igual manera, una aseguradora que se niegue a cubrir un siniestro por valor de 2.300 euros podrá quedar impune para aquellos ciudadanos que no puedan pagar los 311,50 que cuesta ahora llevarles ante los tribunales por esa cantidad. Además, en caso de que un consumidor pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley “abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento”. Y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se quejó de la nueva Ley de Tasas que, según consideran, les convierte en “meros recaudadores” y va “contra la ciudadanía”. Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y USO rechazaron también las nuevas tasas judiciales.