“Lo que la gente piensa es: ¡esta señora lo que va a robar en el Ayuntamiento!“. Así enjuiciaba Esperanza Aguirre
la reacción que los ciudadanos iban a tener al hacer pública su
declaración de bienes e ingresos. El análisis de su dinero y propiedades
junto a su extraña labor de “cazatalentos” para Seeliger&Conde, por la que cobró 369.000 euros. El Barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que da al PP el 29,1% de la estimación de voto frente al 25,3% del PSOE. Entre los partidos emergentes, el CIS concede a Ciudadanos (Cs) el 14,7% y a Podemos, el 10,8%. Esta encuesta, aunque refleja las grandes tendencias en favor de Cs y Podemos, sin embargo, no coincide en la atribución de escaños con el sondeo de JM&A, tampoco con el de Demoscopia, ni con el de GAP 3 o la encuesta de Antena 3.
últimos “fichajes” políticos como Irene Lozano (PSOE), Tony Cantó (Ciudadanos), Juan Pablo Wert (Podemos) o el alto mando militar Julio Rodríguez (Podemos), así como la irrupción de nuevos partidos regionalistas y nacionalistas como las Mareas gallegas, Compromís en Valencia o la CUP en Cataluña. O la que han formado las fuerzas alternativas en Navarra, que arrebatan buena parte del espacio a los tradicionales CiU, PNV y Coalición Canaria, socios de PP y PSOE durante el antiguo régimen.
La segunda parte del programa se la dedicamos a Esperanza Aguirre y a su labor de “cazatalentos” para la empresa Seeliger&Conde. Finalmente la echaron, pero antes cobró 369.000 euros. A su declaración de la renta, de ingresos y de bienes le dedicamos nuestro análisis, pues el destino ha querido que Esperanza Aguirre
comenzara su carrera política como concejala en el Ayuntamiento de
Madrid y va a concluirla en el mismo puesto, pero con una diferencia: ahora cobra 93.820 euros al año
y entre medias, aunque no haya trabajado desde los 30 años, a excepción
de ese extraño ejercicio como “cazatalentos”, ha amasado una enorme
fortuna con la política.
Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) solo es en realidad
funcionaria, pues alcanzó la oposición de técnico con 24 años. Hasta
los 27 años ascendió a jefa de servicio y ahí acabó su periplo laboral.
Con UCD subió a dedo por designación política hasta jefa de gabinete y
subdirectora general y con 31 años ya fue concejala en Madrid.
Ahora tiene 63 años, luego lleva 32 años ocupando cargos políticos.
Nadie sabe con qué dinero entró en política –entonces no se hacían
declaraciones de bienes– pero sí se sabe como ha salido de ella:
cobra una nómina mensual de 7.800 euros en su condición de concejala y portavoz de su grupo municipal.
cobra una nómina mensual de 7.800 euros en su condición de concejala y portavoz de su grupo municipal.
De propiedades va sobrada. Posee el 50% de una finca rústica ubicada en Salamanca con un valor catastral de 17.344 euros. La finca posee 9 casas abandonadas
cuyo valor es actualmente de 13.023 euros, con lo que, sumadas, su
valor asciende a 30.367 euros. Además, la presidenta del PP madrileño
tiene el 50% de otra finca con un valor de solo 5.176 euros, y en Madrid dice tener un 5% de participación en un piso con un valor catastral de 4.081 euros. Tiene también cuatro cuentas bancarias con un saldo total de 52.788 euros, dos planes de pensiones de 84.655 euros y otros dos seguros de vida por valor de 78.081 euros. Cuenta con una acción de un club de golf por valor de 24.000 euros, un Toyota versus blanco y bienes “de valor especial” de 97.358 euros, entre los que ha declarado una pulsera de 5.108 euros, 145 trofeos deportivos de plata (2.100 euros) y un “ajuar” valorado en 90.150 euros.
¿Como es posible que Seeliger&Conde le pagara
369.000 euros como “cazatalentos” si más de una veintena de políticos
“fichados” por ella como altos cargos han acabado imputados por
corrupción o en la cárcel? El periodista Agustín Marco comparaba ese sueldo con los 200.000 euros que recibía Rodrigo Rato como asesor de Banco Santander o de una filial inmobiliaria de Caixabank y del fondo estadounidense Texas Pacific Group.
Pero los 369.000 euros conocidos dejaron boquiabiertos a más de un
consejero de empresas cotizadas. “Cobra casi el doble que los de Inditex
y casi tres veces los de La Caixa”, señalaba sorprendido el miembro de
un consejo de administración que pidió el anonimato. Si se toman como
referencia las remuneraciones de las 35 compañías del índice selectivo
de la bolsa española (IBEX 35), solo los administradores no ejecutivos
de BBVA e Iberdrola se acercan al excelente sueldo de Aguirre“.
El “ojo clínico” de Esperanza Aguirre para “cazar” políticos queda además en evidencia. Ella asegura que fichó “a más de cuatrocientos y pico cargos, de los que salieron rana dos”, pero la realidad es muy distinta, según la periodista Luz Sanchís, que ha recopilado a la mayor parte de ellos: Francisco Granados, su número 2, está en la cárcel por corrupción, y además están imputados su jefa de prensa, Isabel Gallego, los consejeros Lucía Figar y Salvador Victoria, Juan José Güemes, imputado como el anterior consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por prevaricación y cohecho en relación con la privatización de la sanidad madrileña.
Los tres principales nombres del caso Gürtel en Madrid estaban también en su lista: Alberto López Viejo,
consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia (prevaricación,
fraude, cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude
documental); Alfonso Bosch (diputado autonómico, además
de haber ocupado el cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y
Vivienda de Boadilla del Monte. Se le imputó por los delitos de
cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad
documental y asociación ilícita) y Benjamín Martín Vasco
(portavoz del Grupo Popular y hasta presidió la comisión de
investigación de la Asamblea de Madrid sobre el “caso de los espías”).
También fueron imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por delitos similares a los anteriores Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración con Aguirre como presidenta y, según el juez, cobró comisiones de la trama de Francisco Correa. José María de Federico,
que fue alcalde de Colmenar Viejo, también fue imputado por permitir
edificaciones en su pueblo en contra de los informes técnicos. José Ignacio Fernández Rubio, Francisco Acedo y Jesús Gómez
son los tres últimos imputados de la lista de 2007. El primero fue
alcalde de Las Rozas y se le atribuye un delito de prevaricación. Al
segundo, uno contra la ordenación de territorio en Torres de la Alameda.
Gómez, al cargo de la alcaldía de Leganés, está imputado por el “caso
Nóminas”.
A José Ignacio Fernández Rubio Le sustituyó Miguel Rodríguez Bonilla, imputado por prevaricación y malversación. Y hay más: Miriam Rabaneda, alcaldesa de Pinto; Luis Partida, de Villanueva de la Cañada; Clara Torres, de Torres de la Alameda, y Raúl López,
de Coslada, cierran la lista de gobernantes locales con problemas con
la justicia. La relación de alcaldes de la Comunidad de Madrid con
problemas en los tribunales hay que contarla aparte. Cuatro regidores
fueron detenidos e imputados en la operación Púnica junto a Francisco
Granados: José Carlos Boza, alcalde de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Gonzalo Cubas, de Torrejón de Velasco; y David Rodríguez, de Casarrubuelos.
Mucho antes cayeron Arturo González Panero, en Boadilla del Monte, y Guillermo Ortega “Willy”
en Majadahonda. El primero, conocido como ‘El Albondiguilla’, cobró de
la red comisiones por adjudicaciones y está acusado además de haber
desviado el dinero así obtenido a Suiza, Panamá y Miami. Ortega, también
imputado en la Gürtel, dejó la alcaldía de Majadahonda antes de que
saltara el caso: fue colocado en el Mercado Puerta de Toledo. Los
exalcaldes de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda, también dejaron sus cargos al verse implicados en la trama corrupta, de la que se enriquecieron.
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