el comercio humano

La UE garantiza antes la libre circulación de capitales que la de personas

La Unión Europea (UE) garantiza antes la libre circulación de capitales - derribando las barreras aduaneras para el libre comercio de mercancías - que la libre circulación de personas, tanto comunitarias como extracomunitarias. Así figura sin ningún género de dudas en la información que ofrece el Parlamento Europeo sobre la UE: "La libre circulación de capitales no es sólo la más reciente de las libertades consagradas en el Tratado, sino que, gracias a la peculiaridad de incluir a los terceros países, es también la más amplia".

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), antiguo artículo 56 del TCE, dispone:

1. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. [1]

En contraste con la expresa "prohibición de todas las restricciones a los movimientos de capitales y sobre los pagos, tanto entre Estados miembros como entre Estados miembros y terceros países", la UE creó en 2004 una "Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores" (FRONTEX), que no es más que una policía de las fronteras exteriores europeas, mortífera para los pobres que huyen de terceros países y cuyo presupuesto se ha disparado de seis millones de euros en 2005 a 98 millones en 2014 sin ningún resultado positivo. En comparación, el presupuesto de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) fue de 15,6 millones de euros en el año 2014. Según Amnistía Internacional, la Unión Europea se gastó entre 2007 y 2013 cerca de 2.000 millones de euros en blindar las fronteras de su fortaleza, casi tres veces más que lo que empleó en políticas para proteger a refugiados y solicitantes de asilo, 700 millones en el mismo periodo.

Según el documento elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2013, a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada o las violaciones de derechos humanos, el número de desplazados y refugiados ha alcanzado su nivel máximo desde la II Guerra Mundial, con 51,2 millones de desplazados en todo el mundo. Si estos millones de personas fueran un país, éste sería el 26º mayor del mundo, con más habitantes que España. [2]

En contra de lo que erróneamente se piensa, el desplazamiento de población afecta sobre todo a los países pobres del sur: En 2013, Pakistán continuó acogiendo a más refugiados que ningún otro país (1,6 millones), seguido de la República Islámica de Irán (857.400), Líbano (856.500) y Jordania (641.900). En 2013, los países en desarrollo acogieron al 86% de los refugiados del mundo, frente al 70% de hace diez años.

Los inmigrantes económicos, personas que huyen de sus países por la persecución, o por sufrir gravísimas violaciones de sus derechos humanos, contemplan el derecho a pedir asilo y a acceder a procedimientos justos y eficaces. La agencia FRONTEX actúa en total contradicción con la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de la que España es firmante, así como con la normativa de la propia UE, la legislación española de asilo o con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 13).

Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [3]:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.  

El entonces presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, fue recibido al grito de "asesinos" y "vergüenza" a su llegada al aeropuerto de Lampedusa por un grupo de habitantes que mostraban fotografías de unos de los 366 fallecidos el 3 de octubre de 2013 en el naufragio de una barcaza de migrantes que intentaba llegar a la isla italiana al sur de Sicilia. Quizás por esto, los funerales no se celebraron en Lampedusa, razón por la cual casi ninguno de los 155 supervivientes pudieron viajar hasta Sicilia para participar en la ceremonia. Lamentablemente, esa tragedia se ha vuelto a repetir en numerosas ocasiones. Sin ir más lejos, el pasado 8 de febrero de 2015, cuando tres lanchas naufragaron y cerca de 300 inmigrantes murieron mientras atravesaban el Canal de Sicilia desde Libia.

El coste humano de las políticas de migración llevadas a cabo por la UE es escandaloso. Según The Migrant Files [4], 28.000 personas fallecieron entre 2000 y 2014 en su intento de llegar a Europa, muertos anónimos que caen en el olvido.

Operación Aspida ("Escudo") en Grecia

Arno Klarsfeld, poco después de ser designado por el presidente francés Nicolás Sarkozy para encabezar la Oficina de Inmigración e Integración, declaró en una entrevista televisiva que la propuesta de construir un muro entre Grecia y Turquía no era más que una cuestión de "sentido común". En Grecia, a mediados de agosto de 2012, después de haber desplegado más de 1.800 agentes de policía adicionales y haber levantado una valla de 10,5 kilómetros de longitud en la parte septentrional de la frontera terrestre entre Grecia y Turquía, un número creciente de refugiados y migrantes comenzaron a tomar la ruta por mar a la islas griegas, que es más peligrosa. Según la policía griega, el número de migrantes detenidos en las islas griegas o en el mar Egeo ascendió de 169 en 2012, a 3.265 en 2013. Tal operación, llamada Aspida ("Escudo"), costó al Estado griego 6 millones de euros en 2012. [5]

Pese a que los Tratados recogen la libre circulación de personas como un derecho que asiste a los ciudadanos de la UE (si bien, como hemos visto, no tan ampliamente como la de capitales), lo cierto es que no han sido pocas las voces que han clamado por la eliminación del espacio Schengen (Acuerdo de 1985 y Convenio de 1990 por el que se comenzaron a suprimir algunas fronteras internas de la Unión).

Uno de los dirigentes que más se han pronunciado en contra de Schengen es el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, quien volvió a pedir su supresión pocos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo del 2014. Sus manifestaciones xenófobas no difieren demasiado de las de Manuel Valls, conocido como "el Sarkozy socialista", de origen catalán, quien antes de convertirse en primer ministro del presidente social-liberal Hollande hizo la siguiente afirmación: "Los ’Roms’ [gitanos rumanos] tienen vocación de volverse a Rumanía o Bulgaria, y para eso hace falta que la Unión Europea, con las autoridades búlgaras y rumanas puedan hacerlo de tal modo que sus poblaciones sean primero integradas en sus países".

Tras las Elecciones Europeas, ya no Sarkozy, ni Valls, sino que ha sido el Frente Nacional de Marine Le Pen el que se convirtió, por primera vez, en la formación más votada, con casi el 25%, obteniendo 24 escaños en el Parlamento Europeo. En su programa, Le Pen propone salir del espacio Schengen, volver a las fronteras nacionales, reducir la inmigración y acabar con el ’ius soli’ (nacionalidad a los extranjeros nacidos en Francia).

El Frente Nacional de Le Pen no ha sido el único partido xenófobo que entró en el Parlamento Europeo el 25M. En Reino Unido, el UKIP de Nigel Farage también fue el más votado, como el Partido Popular Danés. Otros países que han exportado europarlamentarios racistas son Italia (Liga Norte), Suecia (SD), Bélgica (Vlaams Belang), Holanda (PVV), Austria (FPÖ), Finlandia (Verdaderos Finlandeses). Por no mencionar a los ultras Amanecer Dorado de Grecia, NPD de Alemania, ’Demócratas’ de Suecia y seguidores del extremista Jobbik en Hungría.

Incluso antes de la fuerte irrupción de la extrema derecha en el Parlamento Europeo tras el 25M, en la práctica, la libre circulación de personas dentro de la UE entre miembros de la Unión ya no funcionaba tan bien como debería. Por ejemplo: Alemania se niega a pagar prestaciones sociales a inmigrantes intracomunitarios si no han trabajado en el país.

Bélgica, por su parte, retiró el permiso de residencia a 2.712 ciudadanos de la UE en 2013, por suponer "una carga irracional para el sistema social belga", según la Oficina de Extranjería. Los españoles fueron los terceros más afectados, tras rumanos y búlgaros. Un año más tarde, en 2014, Bélgica retiró el permiso de residencia a 1.040 ciudadanos europeos por "abusar de las ayudas sociales". Si se suman los expulsados por no cumplir con los requisitos exigidos para residir en Bélgica -como contar con un contrato laboral, ser estudiante o tener actividad como autónomo-, la cifra total de expulsados asciende a 2.042 ciudadanos de la UE. De nuevo, la española fue la tercera comunidad más expulsada. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, fue interpelada en el Parlamento por la expulsión de españoles, a lo que contestó que “no le gustaba pero era legal".

Al menos 13 países de la Unión —entre ellos, además de Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Austria e Irlanda— practican expulsiones. Los ciudadanos europeos podrán vivir libremente en otro país de la UE siempre que no se conviertan en “una carga excesiva para la asistencia social del Estado de acogida”.

Estas prácticas chocan más si cabe teniendo en cuenta que se trata de países que comparten una moneda común: El euro y un espacio común: La Eurozona. Que han generado grandes desequilibrios económicos y grandes desigualdades entre sus miembros.