Varios policías cargan durante una manifestación en defensa de la sanidad pública. FERNANDO SÁNCHEZ
04 de diciembre de 2013
“Problemática”, “autoritaria”, “camino a una dictadura”, “amenaza a la democracia”.
Estos son algunos de los términos que han aparecido en la prensa
europea en relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes. Una
nueva normativa que ha despertado el recelo de columnistas del diario
británico
The Guardian o del alemán
Die Tageszeitung (TAZ), y de cuya polémica generada se han hecho eco varios rotativos europeos.
En el Reino Unido, The Guardian abría la semana pasada con el titular “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan verdadera democracia” una información firmada por Richard Seymour en la que aseguraba que “el choque entre la austeridad neoliberal y la democracia popular”
ha producido una crisis de “ingobernabilidad” en las autoridades. “La
reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de
un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad
democrática, de eso es lo que van las leyes antiprotesta”, mantenía el
rotativo británico, que calificaba la reforma legal en España como “un
ataque a la democracia”.
“No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones”, señalaba el artículo. The Guardian
repasaba las modificaciones legales en varios países y extraía una
tajante conclusión: en aquellos donde ha habido recortes y retrocesos en
derechos y libertades, los gobiernos han endurecido las leyes para
evitar que los ciudadanos protesten.
El columnista señalaba, además, la diferencia del trato policial
entre las protestas convocadas por organismos “oficiales”, como podrían
ser los sindicatos, y las manifestaciones protagonizadas por ciudadanos
que no están bajo ningún ente de este tipo. “Al tratar con las protestas
más grandes en representación de entes ‘oficiales’, la policía tiende a
preferir enfoques consensuados y negociados, y tienden a tener una
mayor distancia física sobre las personas”, indicaba el artículo. “Por
el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan
coaliciones sociales independientes son más propensos a ser considerados extremistas , terroristas
o incluso -suspiro teatral- anarquistas, y por lo tanto sujetos a la
policía militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con la
invocación de la ley ‘anti- terrorista’ u otras leyes represivas”.“Te deja sin palabras”.
En un sentido similar, el diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicaba un artículo fechado en el 21 de noviembre con el titular “Camino a la dictadura”. En su columna, el corresponsal del TAZ en España, Reiner Wandler, criticaba las limitaciones legales de la protesta afirmando que el hecho de que a las “víctimas de la política de estabilidad europea y los que protestan” se las amenace con multas “deja sin palabras”.
“En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino también erradicar la pobreza mediante multas. Quien duerme en la calle puede esperar multas de hasta 750 euros.
Y si se queja, puede conllevar 30.000 euros adicionales por insultar o
amenazar a la policía”, denunciaba el artículo, publicado antes de que
el Ejecutivo español rebajara algunas de las sanciones que preveía
inicialmente el borrador.
“En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y el Parlamento todavía está allí, pero ya no defiende más los derechos civiles”, concluía.
“Una ley contra los indignados”
También el semanario alemán Der Spiegel se hacía eco de la reforma legal
y recogía las declaraciones de la portavoz de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien denunciaba el “autoritarismo
máximo” que supone la norma. También las del director de Greenpeace en
España, Mario Rodríguez: “Esta es la nueva arma del Gobierno para
intimidar a los desobedientes, a los ‘niños malos’”. “La ley se dirige
contra el movimiento de los indignados”, aseguraba Der Spiegel, a la vez
que destacaba que “sólo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”.
En Italia, Il Giornale informaba de que “indignarse en
España saldrá caro”, y destacaba como “muy discutible” la confección de
un “registro de infractores” que prevé la reforma legal, “con nombres y
apellidos de los autores, y la fecha y el lugar del evento”. En una información firmada por Giuliana De Vivo
el pasado domingo, se hacía eco de la “polémica” suscitada por el
anteproyecto de ley y constataba que, “si estuviera en vigor en Italia,
aligeraría gran parte de la cuenta bancaria de algunos de los
participantes en manifestaciones”.
En este sentido recordaba el “provocador beso”
de una manifestante a un policía antidisturbios durante una protesta
contra la construcción de una línea de tren de alta velocidad en la
ciudad de Susa: “Según lo declarado por la protagonista, ‘no era un
mensaje por la paz, sino que quería ridiculizar a la policía’”. Así que,
insinuaba el artículo, con la Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana en vigor, en España este acto podría llegar a sancionarse con
hasta 1.000 euros por “vejar o injuriar a los agentes de las fuerzas de
seguridad”, una sanción que inicialmente se preveía como grave, con
multas de hasta 30.000 euros.
Europa considera la reforma “altamente problemática”
El Consejo de Europa también ha manifestado sus reparos a la reforma
legal del Gobierno. El comisario europeo de derechos humanos, Nils
Muiznieks, afirmó este lunes en Bruselas que el borrador presentado por
el Ministerio del Interior es “altamente problemático”, y planteó sus
dudas acerca de la necesidad de mantener estas “restricciones en una sociedad democrática, sin interferir demasiado en la libertad de reunión“.
Muiznieks , que se mostró “seriamente preocupado” por el impacto que
pueda tener la ley sobre los derechos fundamentales y declaró que espera
que el Ejecutivo “no vaya más allá” en la limitación de la protesta
porque la ciudadanía tiene derecho a expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno”.
Y ante esta tentiva de mordaza a la ciudadania, el Rey está escribiendo el discursito (el primero), que sin duda dará que hablar. ¿Por qué? Porque, como Rajoy, está intentando quedarse con el sillón para toda la eternidad.
Es evidente que todos los chorizos políticos están intentando amordazar la judicatura y las bocas de todos aquellos que tienen huevos para salir a la calle y decirles con sus bocas, a la cara, que son un atajo de mamones, de salidos, de asesinos, de bocachanclas y todas las gilipolleces que a uno -como yo-, se le ocurran. Porque lo son. Y ello perjudica a sus señorías, porque están acostumbrados a escuchar lo bueno que son de la chusma de palmeros que llevan a sus costados.
Como vemos todos los medios de comunicación escrita, europea, está en contra de lo que está haciendo el Pp en España y sin embargo, la UE no es capaz de alejarnos de la Alianza: porque somos la cabeza del engranaje Nuevo Orden Mundial; ese que el Papa está solicitando a gritos desde las altas esferas de la espiritualidad más negra. Al parecer los cristianos anglicanos ya están en las filas del nuevo sistema de reproducir cristianos al estilo alienígena.¡Es penoso pensar y creerse como el campo para abonar donde todo el mundo va a deposicionar sus escrementos diarios! Y sin embargo estamos tan chamuscados mentalmente, que no somos capaces de ver más allá del gano en la punta de la nariz.No sabemos valorar lo que implica todas estos atentados a la ciudadanía por los niños del franquismo. Tal vez -y espero, porque si no sería peor-, que lo aprendamos sin tener que rompernos el espinazo los españoles. Les vendría muy bien una guerra civil por lo bajini, como el que no quiere la cosa, para conseguir los propósitos de despoblación y renovación del mercado. Podemos ya está a la cabeza del tsunami para restablecer la discordia entre las CCAA y los españoles.
UGT declara que el marido de Susana Diez era tutor de los cursos de formación que investiga la UDEF. Otro ejemplo de caracter emprendedor con los emolumentos necesarios para que pase desapercibido... y si no es así ya buscaremos los recursos necesarios para que termine en las mejores condiciones posibles, ante sus señorías, y no descuadre mucho los de uno y otro bando cuando se tiran los trastos en la cabeza en el emiciclo. ¡Qué vergüenza!
El programa de crédito del FMI para los Estados de África Occidental
entre 1990 y 2014 contribuyó al debilitamiento de los sistemas de
sanidad en esos países, lo que ayudó a la propagación del ébola en la
región, dicen los científicos.
